El País
Miguel Yuste, 40
28037 Madrid
A la atención del director.
3 de marzo de 2010
Muy Sr. nuestro:
El diario “El País” del sábado 27 de febrero de 2010 contenía en la sección
de sociedad una noticia firmada por “A. Jiménez Barca” desde París,
titulada “Francia sube las penas para la violencia psicológica machista”.
La noticia contenía las siguientes afirmaciones (el subrayado es nuestro):
“La Asamblea Nacional francesa aprobó el jueves, por unanimidad, una
proposición de ley que prevé la tipificación del delito de "violencia
psicológica" en el seno de la pareja. Es decir, a partir de junio, que es
cuando la ley entrará en vigor, los hombres que violenten desde el punto de
vista psicológico a sus mujeres, que las sometan a comportamientos
vejatorios o que las humillen, sufrirán una condena de tres años de prisión
y una multa de 75.000 euros.”
La información insinuaba a continuación una supuesta unanimidad entre los
grupos parlamentarios de izquierda y derecha (por ese orden) sobre la ley,
y sobre el refrendo científico del proyecto por una determinada psiquiatra
que al parecer habría inspirado la ley a sus impulsores políticos de
distinto signo. Terminaba el artículo diciendo:
“Algunos juristas consultados por Le Monde se mostraron algo perplejos por
el texto y preconizaron un difícil encaje entre el deseo de la ley y la
realidad de aplicarla”.
La información oculta los siguientes datos:
En absoluto hay unanimidad entre las fuerzas políticas francesas sobre la
criminalización de la violencia psicológica en la pareja. La proposición de
ley fue presentada a la Asamblea por los diputados Bousquet (socialista) y
Geoffroy (gaullista), porque reflejaba las propuestas de una comisión
parlamentaria de composición plural y su presentación unilateral habría
desacreditado el trabajo de dos años de los comisionados.
La mayor parte de las propuestas que se debatieron en esa comisión ni
siquiera llegaron a presentarse a la Asamblea para ser tramitadas como
proposición de ley. Se rechazó la creación de un Observatorio de Violencia
de Género porque ya existe un Observatorio General sobre la Delincuencia,
exclusivamente administrativo, dependiente de la Dirección General de la
Policía Nacional. Se descartó expresamente la formación específica del
personal policial y sanitario sobre violencia de género y la elaboración de
protocolos de actuación específica; nadie se atrevería a plantear y sería
motivo de escándalo nacional que los poderes legislativo o ejecutivo se
atrevieran a sugerir cursos de adoctrinamiento de la judicatura francesa en
materia de violencia de género ni de cualquier otro, como sucede en España.
Las restantes medidas emanadas de la comisión se remitieron a la
tramitación legislativa porque existe otra proposición de ley en examen en
el Senado francés a iniciativa socialista de parecido contenido y que habrá
de ser articulada en un texto único para su aprobación o rechazo conjunto.
Ninguna unanimidad parlamentaria cabe deducir al respecto, como sí la hubo
en España en la L.O. 1/2004.
La proposición de ley pretende regular la orden de protección en favor de
mujeres víctimas de violencia conyugal, pero las medidas serían siempre
adoptadas por el juez natural, civil, sin que jamás se haya planteado en
Francia la creación de una jurisdicción especial por razón de la materia,
como existe en España.
Funciona en Francia desde 2006 un teléfono nacional de atención a víctimas
de violencia en el seno del hogar (el 3919), que recibe mas de 80.000
llamadas al año, muchas de ellas relativas a “acoso psicológico”, pero sus
servicios se han extendido en los últimos tiempos a lo relacionado con la
mutilaciones genitales y los matrimonios forzados. En Francia sí existe
conciencia de la correlación entre violencia de género, inmigración y
minorías culturales.
En 2008 se cometieron en Francia 157 homicidios conyugales, y la cifra
tiende a estabilizarse desde 2002, pero las estadísticas francesas
contemplan conjuntamente todos los casos, incluidos -a diferencia de
España- aquellos en que los hombres son víctimas.
La noticia de “El País” induce a pensar que el delito que se plantea la
asamblea francesa sólo puede ser cometido por hombres contra mujeres. Quizá
la opinión publica española o los lectores de ciertos medios de
comunicación han perdido en los últimos años toda sensibilidad política y
capacidad crítica y de escándalo, pero se debe ser prudentes con lo que se
dice de los demás. Nunca se ha planteado en la Francia republicana la
tipificación de delitos específicos de hombres, ni en absoluto imponer
mayores penas a los hombres que a las mujeres por el mismo delito, como lo
hace la L.O. 1/2004 española. La agravante por razón del vínculo afectivo
entre el agresor y la victima está regulada en el Código Penal francés en
los siguientes términos no sexistas:
Artículo 132-80 : “En los casos previstos por la ley, las penas en que
se incurre por un crimen o delito se agravan cuando la infracción se comete
por el cónyuge, el concubino o la pareja vinculado a la victima por un
pacto civil de solidaridad. La circunstancia agravante prevista en el
primer párrafo también concurre legalmente cuando los hechos se cometen por
el ex cónyuge, el ex concubino o la ex pareja vinculada por un pacto civil
de solidaridad. o (…) por razón de las relación que hubieran existido entre
el autor de los hechos y la víctima.”
La trasposición al derecho francés de los instrumentos internacionales
sobre la violencia de género se contiene esencialmente en la Ley 2006-399
de 4 abril 2006 titulada “de refuerzo de la prevención y de la represión
de violencia en el seno de la pareja o contra los menores”. Afecta a leyes
civiles y penales, tanto sustantivas como reprocedimiento, pero a
diferencia de la situación española las medidas “sociales” de protección de
las víctimas financiadas con fondos europeos procedentes del Programa
Daphne (hoy regulados por la Decisión 779/2007/ce del Parlamento Europeo y
del Consejo de 20 de junio de 2007) amparan a los “niños, jóvenes y mujeres
en situación de especial vulnerabilidad” y no exclusivamente a mujeres
denunciantes de maltrato, como sucede en España.
La noticia de “El País” incurre en manipulación informativa. No es cierto
que algunos juristas franceses se muestren “perplejos” por el texto de la
proposición de ley. La reseña la ha tomado el articulista de “El País” del
artículo firmado por Anne Chemin en Le Monde del mismo día 25 de febrero
bajo el titulo “Debate sobre la violencia psicológica en el seno de la
pareja” pero el redactor de Prisa ha censurado dos datos totalmente
relevantes:
- No son “algunos juristas”, sino la posición institucional de la
judicatura francesa la que se ha pronunciado en contra del nuevo tipo
penal. El articulista de “El País” oculta que en el mismo artículo de
donde él extrae su información, la redactora francesa reseñaba tres líneas
más abajo las manifestaciones de Christophe Vivet, portavoz de la Union
Sindical de Magistrados, asociación profesional de jueces de referencia en
Francia, en contra de la figura del acoso psicológico. Considera la ley
presentada “para la galería y mediática” y dice que “existe un verdadero
riesgo de arbitrariedad en este texto que va a autorizar a la justicia a
inmiscuirse en la vida privada de las parejas”.
- Oculta también “El País” que el propio diario Le Monde (de capital, por
cierto, participado por el Grupo Prisa) se ha posicionado editorialmente
sin ambages en contra de la reforma legal francesa, tanto desde el punto de
vista político como jurídico. Edito Le Monde 25.02.2010:
“…¿Hace falta por tanto, introducir en ese texto, como han hecho sus
autores, un nuevo delito, el de “violencia psicológica en el seno de la
pareja”? SIN DUDA NO. Es verdad que cierta forma de acoso moral precede en
general a los golpes. Pero la definición de este nuevo delito es todavía
confusa y será difícil reunir las pruebas si las violencias tienen lugar en
el recito cerrado del hogar conyugal.
Se legisla demasiado en Francia y las leyes vigentes son frecuentemente
inaplicadas. Hay que legislar no para la galería, sino cuando el Derecho no
es suficiente o es más pertinente. Esta buena proposición de ley no
necesita sin duda crear este nuevo delito”.
La actitud del “El País” se entiende mejor como ejemplo indisimulado de
técnica de contrainformación en relación a otra noticia sobre la materia de
la que dicho medio no se ha hecho tan explícito eco. El gobierno de España
planteó como medida estrella de su presidencia de la Unión Europea en el
primer semestre de 2010 la articulación jurídica de la orden europea de
protección, en beneficio de las mujeres victimas de violencia de género. La
propuesta española ha sido rechazada en la reunión de ministros de Justicia
celebrada en Bruselas el día 26 de febrero pasado, con la participación del
Sr. Caamaño. El grupo de trabajo no puede valorar la legislación española
desde el punto de vista del respeto al principio de no discriminación, y de
su posible violación de derechos humanos y garantías fundamentales. Más
allá de matices técnicos y de declaraciones diplomáticas, las reticencias
europeas se centran en un punto básico: el sistema español gira en torno a
la criminalización de las relaciones de pareja y al sistema judicial penal,
mientras que en los restantes países europeos sin excepción los mecanismos
de protección se disponen por jueces civiles o por autoridades
administrativas.
Por tanto, la legislación española de violencia de género, en contra de la
propaganda oficial, no es modelo de nada ni para nadie. La noticia de “El
País” insinuando que la legislación francesa se pretende aproximar a los
“progresos” de la española nada menos que en derecho penal no responde a la
realidad.
Atentamente,
Francisco Zugasti Agüí
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